Carlos Perez Marin

La incapacidad de la administración para revisar el Plan General de Ordenación Urbana de 1992 tiene consecuencias desastrosas para la ciudad, que no harán sino agravarse con el paso del tiempo. No se trata de un problema que afecte sólo al sector económico de la construcción, también interfiere en la vida de todos los ciudadanos, y si no que se lo pregunten a todos los afectados por los problemas de la frontera. 

En 2014 el pleno aprobaba inicialmente un documento de revisión que empezó a gestarse en 2004, el cual recibió numerosas alegaciones por parte de particulares y de instituciones, entre ellos el Colegio Oficial de Arquitectos (COACE) al que pertenezco y que creó una comisión de estudio para redactar las alegaciones pertinentes. La conclusión a la que llegamos, sin ni siquiera entrar en los objetivos teóricos, fue que el documento tenía numerosos errores que iban a generar innumerables conflictos en la futura gestión urbanística por parte de la administración, debido principalmente a la base gráfica utilizada que no recogía la realidad urbana. También pusimos de manifiesto la ausencia de soluciones a situaciones que como hemos visto años después, se han convertido en un asunto de Estado, por ejemplo la frontera, otras irán apareciendo en los próximos meses.

Ante la obviedad, y con buen criterio, las autoridades decidieron paralizar el proceso administrativo y cambiar el equipo técnico de supervisión y el de redacción del plan, encontrándose ante un dilema:

o bien se empezaba de cero iniciando un nuevo proceso que podría tardar unos 5 años. 

o bien se intentaba corregir los principales errores gráficos, manteniendo los objetivos (inexistentes) de partida. 

La segunda opción permitía normalizar en un plazo de 6 meses, la situación urbanística heredada tras años de modificaciones puntuales, ello posibilitaría una base sobre la que trabajar en propuestas realmente de futuro (que tanto necesitamos) en lo que sería un nuevo Plan de Ordenación Urbana, pero a partir de 2015. Como la prioridad era tener un documento que sustituyera al PGOU del 92, aunque fuera deficiente, muchos se resignaron a aceptar la decisión de los políticos de continuar con los trabajos corrigiendo lo posible.

En 2016, se aprueba inicialmente una segunda revisión, esta vez con una planimetría actualizada, con algunos cambios en la clasificación del suelo, pero sin criterio ni planificación racional en cuanto a los objetivos. La intención era aprobarla definitivamente a finales de 2016.

Estamos a mediados de 2017 y ahora las autoridades creen que no habrá una aprobación definitiva hasta finales de la legislatura, esto es, en 2019.     

Estos hechos demuestran que hubiera sido preferible la redacción de un documento completamente nuevo en 2014 que podría aprobarse también en 2019. Al final llegaremos a las elecciones, o a 2020, con un plan deficiente, mientras nos consumimos lentamente.

Como ciudadano y como arquitecto, me resisto al devenir dictado por políticos sin la capacidad necesaria (acreditada durante este proceso) para decidir el tipo de ciudad que necesitamos hoy y que queremos en un futuro. Consciente del daño al que están sometiendo a Ceuta, pese a que la mayoría de la población no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde, surge la necesidad de reaccionar y de implicarse, ahora bien,  

¿cómo?

Tras días de reflexión, creo que no sería justo verter todas las culpas exclusivamente en nuestras autoridades, pienso que todos, de una manera u otra, por inacción o desidia, tenemos algo de responsabilidad en este caos.

Los arquitectos hemos sido incapaces de explicar para qué sirve un Plan General de Ordenación Urbana, incluso nos hemos creído, y así se lo hemos transmitido a los políticos, que se trata de un mero trámite administrativo, con innumerables documentos abstractos, difícilmente descifrables, incluso para los técnicos, y que todo se resume a una cuestión de distribución de superficies, de edificabilidades y de viviendas, olvidando las implicaciones que pueda tener en la vida cotidiana de las personas ese reparto, a veces incluso mercadeo, numérico. 

Hay que pensar el PGOU como un proyecto de ciudad, como un proyecto construido a 20 o 30 años vista, para ello hay que tener criterio y planificación, de lo contrario será materialmente y económicamente inviable. Ahora bien, ¿qué conlleva la planificación? No se trata de redactar una lista con una serie de actuaciones urbanísticas o de inversiones susceptibles de llevarse a cabo en cuatro años (si necesitaran más tiempo se desestimarían inmediatamente por no poder inaugurarse antes de las elecciones), tampoco de sentar a unos señores en una mesa para que cada uno aporte una idea como el que escribe la carta de los Reyes Magos, sin una reflexión de conjunto, defendiendo en la mayoría de casos intereses partidistas en lugar del interés general. 

Para que haya planificación es imperativo consensuar las medidas con el resto de partidos políticos y con la sociedad, para que tras las siguientes elecciones, independientemente de quien las gane, esa planificación siga su curso y no sea discutida y modificada arbitrariamente. Está claro que la mayoría de nuestros políticos (locales o nacionales) no tienen cultura de pacto y de consenso, debido a las mayorías absolutas que les han permitido “gobernar” en solitario. 

El consenso no es algo que se logré al final de una negociación (a eso están acostumbrados nuestros políticos), sino que debiera ser el resultado de un proceso conjunto de análisis de la situación, de una reflexión sobre todas las soluciones posibles y de una toma de decisión cabal sobre la propuesta a adoptar y que mejor defienda los intereses generales a corto y largo plazo. Pero hoy en día no se puede excluir del consenso al conjunto de la población, ya no solo por la facilidades que nos ofrece Internet, sino por la desconfianza que las autoridades han conseguido instaurar en todo el territorio nacional, convirtiendo a los partidos y a sus seguidores casi en sectas que siguen a un líder ciegamente, sin que apenas haya ni ideas ni debates.

¿Cómo podemos desde la ciudadanía favorecer el consenso y por tanto la planificación?

Parece que el término de moda en estos asuntos recae sobre la Democracia Participativa, pero al igual que ocurre con Plan General, Consenso, Participación, Interés General… todos ellos han sido pervertidos por el lenguaje político-televisivo hasta convertirlos en meras coletillas para intentar rellenar discursos vacíos. 

Si nos ceñimos a la planificación urbana, corremos el peligro de que la Democracia Participativa, tal y como muchos la entienden, se convierta en un instrumento de decisión incompetente y por tanto con consecuencias nefastas para los ciudadanos.

En muchas ciudades españolas empiezan a realizar concursos de arquitectura (en Ceuta la administración local ya ni los convoca, y cuando lo hace el jurado es político, no técnico) en los que la votación ciudadana decide el proyecto ganador. Sin entrar en consideraciones legales sobre la seguridad en las votaciones realizadas por Internet, este proceso "participativo" banaliza  el oficio de los arquitectos, convirtiéndolos en simples estrellas mediáticas al servicio del poder (juego al que muchos arquitectos se han prestado).

Un arquitecto no es un diseñador gráfico que propone imágenes en tres dimensiones, un buen arquitecto debe tener en cuenta multitud de factores (técnicos, económicos, sociales, culturales, temporales…) que a veces interactúan entre sí de manera compleja y que requieren una gran capacidad de comprensión y de coordinación. Esa es la principal característica del arquitecto, y lo que lo diferencia de otros oficios, la visión de conjunto. Esta característica no debería ser incompatible con la participación de los ciudadanos en determinadas fases del proceso creativo. 

Si hablamos de intervenir en una ciudad, será fundamental la implicación de sus habitantes en la toma de datos puesto que son ellos los que sufren las deficiencias. Esos datos serán indispensables para que el arquitecto pueda establecer un diagnóstico y ofrecer soluciones. Como no habrá una sola solución, tendrá que explicar las ventajas y los inconvenientes de cada opción, y en función de la complejidad del proyecto, podrá dar, o no, la posibilidad de que los ciudadanos elijan entre varias alternativas. La clave del éxito estará en la capacidad del arquitecto (y de su equipo multidisciplinar si la escala del proyecto lo requiriese) para relacionarse, comunicarse y hacerse entender con los vecinos, para que ellos se consideren parte del proceso, evitando la desconfianza y las suspicacias que cualquier intervención pública despierta en la población.   

De la misma manera, el arquitecto deberá conseguir la implicación de los políticos, no porque sean ellos los que aprueben el documento en el pleno, que también, sino porque serán los garantes de la planificación a largo plazo. A los políticos, como a los ciudadanos, habrá que saber explicarles las problemáticas detectadas y las posibles soluciones a adoptar, pero no serán ellos los que den las soluciones sino los que ayuden a ponerlas en práctica buscando financiación y posibilitando el encaje jurídico y competencial. 

Si se continúa apostando por una falsa Democracia Participativa en el desarrollo de nuestras ciudades, acabaremos convirtiendo el espacio y los edificios públicos en espacios de tele-realidad, o en algo peor ¿Se imaginan a los políticos diciéndolo a un cirujano qué debe operar? ¿O a los ciudadanos eligiendo en consulta popular cómo debe operar dicho médico? Pues una ciudad también es un organismo vivo, y la nuestra se muere rodeada de curanderos y sin que nadie haga nada. 

El papel actual de los arquitectos en la sociedad es casi inexistente, años de desenfreno inmobiliario han provocado el desarraigo respecto a la sociedad de muchos arquitectos, demasiados, unos preocupándose de ganar dinero, otros plegándose a los sin sentidos de promotores y políticos. A día de hoy somos incapaces de explicar nuestras competencias y los valores que podemos aportar a una ciudad, sobre todo cuando se trata de un Plan General, quedando como meros ejecutores administrativos de una autoridades caprichosas.

Quizás sea necesario recuperar valores, implicarse e implicar a otros profesionales, ingenieros, sociólogos, biólogos, historiadores, artistas, empresarios, escritores, profesores, funcionarios... y confeccionar unas herramientas y una mentalidad que permita la participación de todos los ciudadanos en la construcción de nuestra ciudad.  

Ceuta 17 de junio de 2017

Carlos Pérez Marín, arquitecto